México

Los desaparecidos y los dinamizadores sociales

 Eleocadio Martínez Silva /Académic@s de Monterrey 43

Recientemente se dio a conocer el estado actual del desastre humanitario en materia de desapariciones en México.[1] Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) 73 mil 201 personas siguen en calidad de desparecidas o no localizadas. El 97% del total ocurrieron desde diciembre de 2006 a la fecha. En 2018 se documentaron 6 mil 936, en 2019 se registraron 7 mil 350, y en lo que va de este año hay 2 mil 934 personas desaparecidas.

De 2017 a la fecha en 10 estados se concentra 78% de las desapariciones. Las entidades con más casos de personas desparecidas son el Estado de México con 3 mil 867, Jalisco 3 mil 234, Tamaulipas 2 mil 119, Veracruz 2 mil 75, Sinaloa 1 mil 165, Ciudad de México 1 mil 100, Nuevo León 1 mil 69, Michoacán 868, Puebla 628 y Chihuahua con 583. Sin embargo, entidades como Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala no han aportado la información necesaria. Además, la CNB comunicó que se han encontrado 3 mil 978 fosas clandestinas.

Ante la actitud indolente del Estado mexicano y la pasividad en amplios sectores de la sociedad, que se hizo más que patente en noviembre de 2014, en el discurso de Enrique Peña Nieto a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa en el que llamó a “superar” la desaparición de los jóvenes normalistas; organizaciones de la sociedad civil y actores políticos encabezaron las exigencias de las familias de desaparecidos. Sin embargo, muy pronto un sector amplio de familias de desaparecidos se organizaron de manera independiente de las ONG, ante lo que consideraron magros resultados de su actividad. Estas agrupaciones de familiares de búsqueda han sensibilizado y movilizado a sectores de la sociedad y del aparato gubernamental para enfrentar la tragedia social de los desaparecidos, convirtiéndose en auténticos dinamizadores sociales. Su surgimiento, además, ha robustecido a la sociedad civil mexicana en un momento en el que muchas organizaciones sociales han sido capturadas por grupos de interés.

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En homenaje a su labor, vale la pena mencionar algunas de estas agrupaciones: de Nuevo León Amores, Fundenl y Eslabones de NL por los Derechos Humanos; Madres buscadoras de fosas del Frente Sinaloa; Madres buscadoras de Sonora; Red Linali de búsqueda de San Luis Potosí y Tamaulipas; Colectivo Solecito de Veracruz; Colectivo de Familias Unidas para los desaparecidos de Tamaulipas; Colectivo de Familias Unidas de Nayarit; Familias de Acapulco en búsqueda de los desaparecidos; Colectivo Caminado por los ausentes de Tamaulipas; Colectivo Guerreras buscando nuestros desaparecidos; Por amor a ellas; Buscando Cuerpos; Búsqueda Colectivo Coatzacoalcos zona sur; Justicia Tamaulipas, A.C.; Familias enlace Xalapa; Buscando sus huellas; Buscando Corazones Xalapa y muchas más. A todas ellas nuestro reconocimiento por su labor.

La lucha por encontrar a los desaparecidos en Nuevo León

Para enfrentar la tragedia de los desaparecidos a lo largo y ancho del país, se han desarrollado esfuerzos asociativos en los que han participado organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, universidades y centros de investigación. Uno de estos esfuerzos asociativos, entre muchos, se ha dado en Nuevo León entre el Grupo de familiares de desaparecidos AMORES, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), académicos y profesionistas. Asociación que ha dejado importantes logros en aliviar la tragedia de los desaparecidos en el estado.

Por ejemplo, desde 2009, año de crecimiento exponencial de desaparecidos en el estado, CADHAC ha realizado esfuerzos asociativos con la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Secuestrados, Ejecutados y Desaparecidos, AMORES. De los logros más importantes fue conseguir el compromiso de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la colaboración de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés) en un proyecto conjunto, con lo cual se fortaleció la capacidad de los servicios periciales para avanzar en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Asimismo, la creación del Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata Nuevo León fue un gran logro para enfrentar la problemática de desaparición en el estado. La conformación de éste permitió contar con un grupo dentro del cual todo el personal esté capacitado en búsqueda urgente. De esta forma, puede incrementarse la efectividad para encontrar a las personas en las primeras horas de su desaparición (VER: https://cadhac.org/category/publicaciones/). Otro ejemplo relevante han sido FUNDENL y Buscadoras de Nuevo León, que por la vía independiente a las instituciones y las ONG han posicionado el tema de los desaparecidos en el estado. Impulsando la búsqueda física (territorial) de sus desaparecidos y con ello orillando a las autoridades a especializarse aún más en tareas de búsqueda y en temas forenses. Una revisión rápida de la efectividad en la localización de fosas clandestinas y restos humanos, nos muestra que son las propias víctimas organizadas quienes más encuentran y procesan restos y dan respuesta a las familias.

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Por más loable y reconocida que sea la labor de los dinamizadores sociales, sus logros son muy limitados ante la magnitud y complejidad del problema, por lo que el tema de los desaparecidos debe ser un asunto de la política y por lo tanto, la respuesta debe provenir desde el Estado. Es política, entre otras razones, porque el fenómeno social de los desaparecidos tiene que ver con nuestro orden social, marcado por la creciente inequidad de los recursos distribuidos entre la población, la desigualdad de oportunidades y la injusticia. Es política porque además están involucrados grupos de poder dentro y fuera del Estado.

En este sentido, es relevante analizar el papel de la 4T para enfrentar el drama de los desaparecidos. Tal vez el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, puede servir no tanto para una evaluación del papel del actual régimen de la 4T, pero sí para reafirmar que la ruta para enfrentar las desapariciones en México debe ser desde la política. La decisión política del presidente López Obrador, de movilizar a todas las instituciones del Estado para hacer justicia a los padres de los normalistas, debería de ser la regla, no la excepción, de una solución de Estado para aliviar la tragedia humanitaria de los desaparecidos.

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